El arraigo social es una de las vías más utilizadas en España para regularizar la situación de los extranjeros extracomunitarios que llevan tiempo residiendo en el país sin documentación en regla. Está regulado en el artículo 124 del Reglamento de Extranjería (RD 557/2011).
Requisitos para el arraigo social en 2025
- Permanencia en España durante al menos 3 años de forma continuada (se acredita con empadronamiento, contratos de alquiler, facturas, etc.)
- Carecer de antecedentes penales en España y en el país o países de residencia en los últimos 5 años
- Contar con un contrato de trabajo firmado por el empleador de al menos 30 horas semanales durante al menos 1 año, o alternativamente acreditar medios económicos propios
- Tener vínculos familiares con residentes legales en España (cónyuge, pareja, padres, hijos, hermanos) o disponer de un informe de arraigo favorable del ayuntamiento del domicilio
Documentación necesaria
- Pasaporte en vigor
- Certificado de empadronamiento histórico o informe municipal de residencia
- Certificado de antecedentes penales del país de origen, apostillado y traducido
- Certificado de antecedentes penales en España (se solicita en el Ministerio de Justicia)
- Contrato de trabajo firmado por el empleador (con alta en Seguridad Social o compromiso de alta)
- Documentos que acrediten los vínculos familiares (libro de familia, certificado de matrimonio) o informe de arraigo del ayuntamiento
¿Dónde se presenta la solicitud?
La solicitud (modelo EX-10) se presenta en la Oficina de Extranjería de la provincia de residencia, o en la comisaría de policía habilitada. También puede enviarse por correo certificado.
Plazos de resolución
La Oficina de Extranjería tiene 3 meses para resolver. Si no hay resolución expresa, opera el silencio negativo. En la práctica los plazos son más largos. Mientras se tramita, la situación administrativa no se regulariza: el permiso solo se obtiene con la resolución favorable.
¿Cuánto dura la autorización obtenida?
La autorización de residencia por arraigo social tiene una duración inicial de 1 año, tras el cual puede renovarse si se mantienen los requisitos (contrato de trabajo en vigor, cotización a la Seguridad Social).
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