Salvador Madrid Fernandez

Ejerciendo la abogacía de forma libre e independiente, sin aspiraciones de riquezas.. persiguiendo un mundo mejor.

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A pesar del exceso  normativo  de la pasada legislatura, han quedado inmersos en el fondo marino  legislativo  algunos  importantes proyectos de ley. Está claro que  tenemos  que emerger, los proyectos, y si son buenos más , hay que hacerlos reflotar.

Ya quedó olvidado y relegado de necesidad  la proyectada,  por dos veces ,  Ley procesal penal, a pesar de que se publicó el Estatuto de la Víctima y se modificó  de nuevo in aeternum, el código penal. La necesidad de  contar con un texto procesal penal de nuevo cuño se hace patente y es inexplicable como no  emergió de las profundas aguas normativas el texto procesal que dé adecuada cobertura  a la mediación penal, al principio de oportunidad, a un nuevo concepto propio de la conformidad penal,  y a pesar de  las  referencias existentes  en dichos  otros textos, se prefiere seguir con experimentos  y ensayos de laboratorios.

Otra cuestión es la falta de transposición de las  Directivas europeas, aunque  se disponen plazos de transposición que normalmente son bastantes  laxos, con tiempos suficientes para que los Estados miembros adapten con suficiente holgura temporal sus códigos a las directrices aprobadas,  se van  transponiendo  con retrasos y bajo amenazas de sanciones.

Una de las Directivas que aguardan su turno de aplicación  es la Directiva 2013/11/UE del Parlamento europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en  materia de consumo, norma comunitaria puesta en concomitancia con el Reglamento  (UE) número 524/2013 de 21 de mayo , sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo, que prevé la creación de una plataforma europea de resolución de conflictos entre consumidores y empresarios en el  ámbito de contratación on  line de bienes y servicios.

Se hace necesario, se hace exigible, dicha trasposición a la normativa nacional, emerger el anteproyecto existente y hacerlo válido.

Ya el TJCE tiene establecidas una serie de condiciones para que  la  directiva tenga su propia fuerza obligacional en el Estado miembro :

1) Que el Estado miembro no haya traspuesto la Directiva en el plazo previsto en la misma.

2) Que defina o recoja derechos de particulares, con efectos directos, sea en forma de eliminación de una obligación o reconocimiento de un derecho que se pueda hacer valer.

3) Precisión en el derecho que se crea o en la obligación que se elimine, no supeditado a ninguna  condición.

Con esas condiciones la Directiva se podrá invocar en contra de la disposición nacional que esté vigente y que vaya en  su contradicción . Los particulares de un Estado miembro pueden invocar la aplicación de la Directiva que no se haya traspuesto en el plazo fijado . No obstante, en principio  la invocación es  desde los particulares frente a los poderes públicos, en lo que se denomina invocación vertical de la Directiva.  La directiva no puede, por sí sola, generar obligaciones a los particulares, ni ser invocada contra ellos .  La falta de transposición de una Directiva en un Estado miembro puede conllevar causación de  responsabilidad por daños y perjuicios.

En el fondo de los mares quedó, quizás ya anquilosado de verdes algas, entre hidroides y anémonas, aquél ANTEPROYECTO DE LEY DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS DE CONSUMO de 17 de abril de 2015   dictado con muy buena idea  para incorporar al Derecho español la Directiva 2013/11UE del Parlamento y del Consejo, de 21 de mayo de 2013.

En dicho texto se recogían, entre otras, algunas novedades :

La incorporación de una nueva obligación específica para los empresarios de informar a los consumidores de la posibilidad de recurrir a una entidad de resolución   alternativa de conflictos, cuya omisión se tipificaba como una infracción .

Se declara el carácter no vinculante para el consumidor de los acuerdos de  sometimiento previos al surgimiento del conflicto.

Las partes deberán conocer la decisión adoptada en un plazo máximo de noventa días naturales desde la fecha en que la entidad hubiese recibido el expediente completo de la reclamación. Este plazo podrá ser prorrogado por un periodo máximo  de otros noventa días.

Se pretende una ley que principalmente  establezca  cauces adecuados para que los consumidores  puedan hacer valer los derechos reconocidos en la misma directiva. Lo importante es que  las plataformas de resolución , sean  cauces sencillos, rápidos y gratuitos o de escaso coste, a través de los cuales se puedan hacer exigibles sus derechos cuando estos no hayan sido respetados adecuadamente.

Por tanto no se regula el procedimiento de resolución alternativa sino la regulación de las entidades que han de prestar esos servicios y de las personas físicas que las integran,  es decir  las características o condiciones de los neutrales, así como la previsión de  los controles de calidad imprescindibles para la defensa de los derechos de los consumidores.

Para solventar  estos conflictos en materia de Consumo  los métodos mas usados  van a ser el arbitraje y además la mediación. Y todos ellos van a tener en común el carácter voluntario, los consumidores y empresarios pueden decidir voluntariamente  si acudir a estos métodos antes que plantear demandas judiciales. Al margen de la transposición de la Directiva comunitaria,  seguramente no habría existido ninguna objeción para que la ley 5/2012 hubiese recogido expresamente la mediación en consumo,  aunque fuese en un apartado propio, y no excluirla como hecho diferencial injustificado. Siendo el arbitraje el principal método de regulación de las controversias surgidas entre comerciante y consumidores, como regula el Real decreto 231/2008 sobre arbitraje de consumo, la mediación queda marginada en estas controversias.

Los lamentos de la falta de transposición, que adecue la Directiva  a la norma de consumo nacional pueden disiparse, tan fácil como emerger dicho texto, pero nos tememos que a nuestros legisladores  gustan las aguas profundas, y una vez hundido, el olvido es su capa.

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