Salvador Madrid Fernandez

Ejerciendo la abogacía de forma libre e independiente, sin aspiraciones de riquezas.. persiguiendo un mundo mejor.

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En relación al carácter de consumidor y consecuente aplicación de la  Directiva 93/13 CEE del Consejo de 5 de abril, y de la Ley nacional  General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su art. 3, nos referimos a  la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de fecha  14 de abril de 2014, procedente del Juzgado de lo mercantil nº 1 de Pontevedra.

Los hechos sucintos,  cuatro abogados compran un local comercial con la finalidad de proceder a su alquiler indeterminado en un futuro,  compran mediante un préstamo hipotecario, es decir, como un acto de inversión, ajeno a su actividad profesional, y pensando en que su pensión  será escasa, previsores.

Planteada demanda hipotecaria por el banco, se plantea oposición por cláusulas abusivas e interpelando el carácter de consumidores de los letrados. En Primera Instancia el Juzgado mercantil desestima la oposición y niega el carácter de consumidor a los cuatro abogados , razona que el local  no se adquiere para uso particular, sino para su explotación a terceros, para obtener un lucro, y por tanto, esta finalidad implica una actividad empresarial, por lo que el concepto de consumidor se les debe negar.

En el recurso de apelación la Audiencia Provincial de Pontevedra efectúa unos razonamientos valientes y estimamos contundentes, a tenor de la nueva interpretación que se debe dar al “carácter de consumidor” por  la nueva redacción del art. 3 del citado texto de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y usuarios.

La base del recurso pivota en si se puede considerar consumidores a los arrendadores de un local comercial, que se dedican a otros fines profesionales distintos del arrendamiento. Si el lucro se debe estimar o no como acto empresarial.

El argumento fundamental es si la actividad del arrendamiento forma parte o no de la actividad profesional de la persona, a los efectos de considerarlo consumidor o no, con independencia de si obtiene un lucro o rendimiento.

La jurisprudencia europea ha entendido que se debe considerar consumidor en el caso de que la actividad laboral o profesional de la persona no esté vinculada al objeto del arrendamiento, en el caso,   es decir en la obtención del lucro en un momento dado, de reventa o alquiler del bien que se hipoteca.   Y estas consideraciones las recoge la Audiencia Provincial de Pontevedra, siguiendo el criterio de jurisprudencia comunitaria.. En esa nueva interpretación del artículo 3 del Texto refundido de la LGDCU, el consumidor no tiene porqué ser el destinatario final del bien o servicio.

La misma exposición de motivos del texto refundido señala ” que el consumidor o usuario definido en la ley, es  la persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Esto es, que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin incorporarlos directa, ni indirectamente, en procesos de producción, comercialización o prestación a terceros”.

Las palabras mágicas son ” al margen de su actividad  empresarial o profesional.

Por tanto  los letrados que adquirieron su local para alquilarlo y obtener unas rentas, al margen de su actividad , fueron considerados “consumidores “.

Ser tildado de  “consumidor ” hoy día supone dotarse de un escudo de derechos, ignorados desde los tiempos remotos  hasta que la legislación europea vino a poner un poco de orden en el desbarajuste nacional hipotecario, donde desde siempre ha campado por sus anchas las entidades bancarias y otros gigantes mastodónticos en esas posiciones predominantes sobre el insignificante consumidor.

Una de las buenas cosas que nos ha traído la Unión Europea es  su jurisprudencia, su manto protector, sobre desahucios, cláusulas abusivas, un derecho hipotecario caduco y abusivo que se resquebraja a cachos a fuerza de jurisprudencia lograda..

 

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